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Privatizar EFE al estilo argentino?

Author Pablo Alberto Valenzuela Category , , , , , ,

En este sitio se menciona la posibilidad de privatizar parte de EFE para que el Estado puede liberarse del costo que significa mantener una empresa ferroviaria. No obstante, hay que tener en cuenta que en los años 90 en Argentina se llevó a cabo un proceso de privatización con el mismo objetivo que no solo involucró a los Ferrocarriles Argentinos, sino que a un sinnúmero de empresas del Estado.

La excusa fue principalmente que el gran déficit fiscal se generaba en gran parte en cubrir las pérdidas de las empresas públicas. De este modo, los FA fueron privatizados, entregando el mantenimiento y administración de infraestructura y operación de servicios a empresas privadas.

El resultado fue peor, se comprometieron altísimos subsidios para permitir que los privados se interesaran, con lo cual el déficit fiscal no se redujo y, dada la ausencia de un marco regulatorio claro, los servicios de pasajeros que sobrevivieron, en su mayoría en el Gran Buenos Aires, empezaron a prestar un servicio muy deficiente.

La privatización con llave en mano, con marcos regulatorios deficientes y pocos incentivos para cuidar y mantener la infraestructura ferroviaria de termina transformando en la lápida de los servicios de pasajeros al menos. En Argentina, al momento de la privatización, se cerraron una gran cantidad de ramales y eso generó un enorme costo social en localidades que solo estaban conectadas por el tren. Se produjeron graves depresiones económicas en provincias del interior que no tenían cómo sacar sus productos hacia los puertos.

En Chile la situación es diferente, muchos de los servicios de larga distancia fueron cancelados sin necesidad de realizar ninguna privatización, no obstante, hay que tener claro que el costo de privatizar una empresa como EFE puede tener, a la larga, un costo aun mayor para el Fisco, toda vez que se deben comprometer subsidios para que los privados se interesen en operar servicios y mantener infraestructura. En Argentina esos subsidios fueron acrecentando año a año el déficit fiscal y solo a un par de años de la privatización las concesiones de los servicios en el Gran Buenos Aires debieron ser renegociados.

El camino menos oneroso para el Estado que implique la concesión de servicios nace en la idea de entregar a una empresa privada únicamente la operación de los servicios, muchos de ellos bajo una administración eficiente y una gestión adecuada de los recursos estratégicos de la estatal, podría perfectamente generar la suficiente rentabilidad para evitar subsidios o para reducirlos al mínimo posible.

Las nuevas inversiones y el mantenimiento de la infraestructura se debe quedar en manos del Estado. Claramente, se podrían usar formas de concesión como en las carreteras, sin embargo, se requiere de instituciones claras para asegurar la prestación óptima del servicio, tanto para cargas como para pasajeros.

El caso EFE y la necesidad de separar aguas

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Ayer se conoció el fallo del cuarto tribunal en lo penal de Santiago, que absolvió de todos los cargos al ex presidente de EFE, Luis Ajenjo; al ex gerente general Eduardo Castillo y al administrador público (me pregunto dónde habrá estudiado...) Patricio De Gregorio. El hecho fue sorpresivo, sobre EFE y durante el periodo en que Ajenjo fue presidente de la empresa se cierne un manto de irregularidades administrativas y corrupción que opacó en gran parte un plan trienal que podría haber sido exitoso.

Sin embargo hay que separar aguas entre los casos de corrupción y la mala gestión que llevó al fracaso del plan trienal. De hecho, las acusaciones por fraude al fisco que se hacían contra Ajenjo, Castillo y De Gregorio tenían relación con asesorías no realizadas en Arica respecto de la venta de derechos de agua y rondaban aproximadamente los 18 millones de pesos, muy lejos del monto total del trienal, que ascendía a US$1.200 millones.

En otra arista del caso, Claudio Carreño, procesado y condenado a 541 días de cárcel, realizó junto a otras personas triangulaciones que sí tuvieron un perjuicio mayor para la empresa, que ascendía a más 80 millones de pesos.

Lo anterior es distinto a la mala gestión que pudo haberse registrado en la empresa. En el Mercurio de hoy 24 de diciembre se menciona que "se perdieron US$1.200 millones de dólares del plan trienal" lo cual no puede estar más alejado de la verdad. Hay que recordar la importante inversión en Valparaíso, por más de 330 millones de dólares, la compra de automores (cinco UTS-444; cuatro UT-440 para el servicio en Concepción; cuatro TLD-593 para el servicio a Puerto Montt) y varias otras compras que si bien mantienen una sombra de duda por el hecho de haber sido adquisiciones directas a Renfe y no licitaciones internacionales o lo extraño que resulta que muchas señales del sistema SEC (180 millones de dólares) tengan los logos de Renfe en el dorso, en general, los casos de corrupción están muy lejos del monto total del plan trienal y si hoy hay estaciones que fueron recuperadas al sur de Temuco y no se usan no es por corrupción, sino que por mala gestión y planificación. Las grandes pérdidas con las que termina la empresa el año 2006 y que se convierten en la bandera de lucha de Nicolás Monckeberg tiene el mismo origen, y lamentablemente para algunos la mala gestión no es punible.

Con todo esto no pretendo defender a Luis Ajenjo ni a Eduardo Castillo, pues creo que el hecho que no se haya podido demostrar la existencia de asesorías fantasmas no implica que éstas en realidad no hayan existido, no obstante, hay que tener en cuenta que el trío Ajenjo-Castillo-De Gregorio solo implica una arista del caso -y bien pelo de la cola- en una red de investigaciones en torno a supuestas irregularidades. Vale recordar, además, que la misma Contraloría General de la República encontró varias irregularidades de carácter administrativo, como facturas sin timbrar en los pasillo, la inexistencia de centros de costo, en otras. En definitiva, si Ajenjo era o no considerado culpable ayer por el tribunal, nada tenía que ver con el "dejarnos sin trenes" que han dicho muchos y que he leído en varias partes.

Hoy estaré de acuerdo con Nicolás Monckeberg, toda vez que el caso de EFE ya tiene personas condenadas y hay otras aristas de investigación en España. Si Ajenjo y compañía no supo administrar la empresa... no lo podemos condenar a la cárcel por eso, sí a una vida sin trabajo, más que mal, la empresa triplicó sus pérdidas en sus periodo y eso es exclusivamente a mala gestión y a la nula planificación. Aunque, en todo caso, personas con las redes de Luis Ajenjo difícilmente pasarán necesidad y tarde o temprano quedará contratado en alguna empresa, esperemos que al menos sea suficientemente lejos de los trenes.

La mala gestión y los lastres del pasado

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Creo que la candidatura de Eduardo Frei ha cometido varios errores, le falta quizás el ímpetu de una coalición moralmente superior para gobernar. Los aires de la dictadura ya están históricamente lejos y la derecha se presenta como alternativa real de gobierno hace varias elecciones. Seguir recordando lo que pasó en la dictadura, lo que se hizo o dejó de hacerse es un argumento que ya no suma y que, muchas veces, perjudica a las candidaturas.

Hoy creo que Frei cometió un error grave relacionado justamente con esa apelación a lo que pasó cuando en Chile gobernaba Pinochet. El estado actual de EFE, diciembre de 2009, tiene más componente de mala gestión y corrupción durante la presidencia de Luis Ajenjo, que de herencias de la dictadura. En un acto de la campaña Frei señaló que la dictadura dejó solo fierros y deudas en los trenes de Chile.

En parte es verdad, al llegar los 90 EFE necesitaba un impulso potente, estaba al borde del abismo económico, financiero y de calidad de los servicios. El material rodante era mal mantenido y las vías habían perdido el estándar que tenían durante los 50 o 60, todo producido por el desfinanciamiento de la empresa y el desmembramiento que se llevó a cabo en la época del régimen militar.

Pero llegaron los 90 y en EFE se han invertido más de 1500 millones de dólares y en términos cuantitativos tenemos menos que en 1990. No podemos decir que esto es culpa de la dictadura. Si se analiza detalladamente la gestión de EFE una vez llegada la democracia, nos encontramos con una empresa con poca capacidad de gestión, con muchos funcionarios que debía empezar a reducir sus costos y a la par aumentar la calidad de los servicios. La idea de renovar el metrotren y el servicio a Chillán fueron exitosas y hoy lucen consolidados. El Merval también es un ejemplo de cosas bien hechas, aunque al principio cojeaba, hoy ya se afirmado.

¿Qué pasó entonces? En un artículo anterior mencioné la ambición de Lagos y la poca capacidad de EFE para gestionar la enome suma de dinero que significó el trienal 2003-2005. Se invirtieron millones de dólares en comprar los trenes para el Terrasur Temuco y para el regional a Puerto Montt ¿por qué fracasaron?. Nunca se encontraron modelos de negocios que le entregaran sustentabilidad a los servicios y eso, claramente, no es culpa de la dictadura, sino más bien de los "creativos" de EFE que creyeron que emulando el mismo modelo de negocios de los años 70 u 80 podrían entregar el éxito a la empresa. Grave error. Hoy pagamos los costos de eso.

En los lugares donde la inversión fue bien hecha, los resultados saltan a la vista, pero allí donde algo falló hoy, sencillamente, no hay tren. Las inversiones que se deben hacer son fuertes, pero deben ir acompañadas de planes estratégicos, objetivos alcanzables, medibles y rectificables, metas claras, compromiso serio del Estado y todo un conjunto de políticas tal que los servicios sean capaces se mantenerse en el tiempo, ya sea por rentabilidad social a través de subsidios estatales o mediante la generación -casi imposible- de rentabilidad económica. No basta con comprar los trenes o reparar la vía si seguimos transportando el mismo número de pasajeros, por eso es muy llamativo lo que se hace en España, en donde la meta del plan estratégico de transporte del ministerio de fomento es clara: aumentar el número de pasajeros transportados, y eso se debe hacer incluyendo todas las variables.

EFE carga con un gran lastre del pasado, la dictadura le hizo mucho daño. Pero la mala gestión durante el gobierno de Ricardo Lagos también daño lo que había venido construyendo desde el retorno a la democracia. EFE estuvo tan mal como el año 89 o 90. Un poco de autocrítica a las cosas que hemos hecho mal siempre se valora y el caso de EFE es emblemático para eso.

EFE y la ley de presupuesto del sector público

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Información de presupuesto de la empresa de los ferrocarriles del Estado, contenidas en la ley de presupuestos del sector públicos del año 2008 y 2009.

Ley de presupuesto 2009, partida correspondiente al Ministerio de Transportes.

GLOSAS
01 Estos recursos se pondrán a disposición de la Empresa, teniendo presente el último informe trimestral respecto del avance en el cumplimiento de los Convenios de Programación suscritos con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 19.847. La aplicación de estos recursos permitirá la operación de los servicios de transporte de pasajeros a través de las filiales MERVAL, FESUB, Ferrocarriles de Pasajeros S.A., y Ferrocarriles de Pasajeros del Sur S.A., determinados en el Plan Trienal de Desarrollo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 2008-2010, aprobado mediante Decreto Supremo (Transportes y Telecomunicaciones) N° 43 de 07/05/2008, por lo tanto, el Directorio y sus ejecutivos velarán por la implementación de dicho Plan. b

02 Recursos para la aplicación del Artículo 6 Transitorio del D.F.L. (Transportes) N° 1, de 1993, referido al personal egresado de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado entre 1993 y 1995.

03 Corresponde al saldo del aporte comprometido por el Fisco y el SERVIU VIII Región al financiamiento de las inversiones efectuadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en el proyecto Sistema Integrado de Transporte del Gran Concepción (BIOVIAS).

04 Estos recursos se aplicarán al financiamiento de los proyectos de inversión contemplados en el Plan Trienal de Desarrollo 2008-2010, de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 43 de 07/05/2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 04 de Agosto de 2008.

05 Para el Servicio de Deuda que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado no pueda solventar con sus propios recursos.

Ley de presupuestos 2008 - Partida corresopndiente al ministerio de transporte.


Glosas:

01 Estos recursos se pondrán periódicamente a disposición de la Empresa,
previa evaluación del avance en el cumplimiento del Convenio de
Programación suscrito con el Comité Sistema de Empresas de la
Corporación de Fomento de la Producción, en aplicación a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 19.847.


02 Recursos para la aplicación del Artículo 6 Transitorio del D.F.L.
(Transportes) N°1, de 1993, referido al personal egresado de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado entre 1993 y 1995.


03 Corresponde al aporte comprometido por el Fisco y el SERVIU VIII Región
al financiamiento de las inversiones efectuadas por la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado en el proyecto Sistema Integrado de Transporte
del Gran Concepción (BIOVIAS).


04 Para el Servicio de Deuda que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado no pueda solventar con sus recuros propios.

Descentralización fiscal: Algunas reflexiones sobre el caso del transporte ferroviario en Chile.

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EFE hasta hace un tiempo era una empresa altamente centralizada en la que la planificación de los servicios se hacía directamente desde Santiago, algunas veces motivados por decisiones políticas más que técnicas o sociales y desconociendo la realidad de las comunidades locales. Sin embargo, desde hace algún tiempo esto ha empezado a cambiar.

En primer lugar, creo necesario hacer un pequeño diagnóstico respecto al funcionamiento centralizado de EFE. Durante mucho tiempo Chile fue un país con una gran ciudad y con “provincias” siempre relegadas a lo que se dispusiera desde Santiago, pero la idea de descentralizar el país viene a cambiar esta visión, buscando liberar a Santiago de las competencias que bien se pueden asignar a las regiones. Además, hoy hay importantes centros urbanos distintos a Santiago, muchos servicios públicos se han descentralizado y hay un marco normativo que se podría usar para potenciar el transporte ferroviario de forma descentralizada..

Antes de iniciar un análisis, hay que hace un pequeño supuesto teórico. Se puede considerar a los servicios prestados por las regiones como un mercado de bienes privados, toda vez que existe un comportamiento parecido entre “la industria de gobiernos locales y los mercados privados” (Tiebout:1956). Sin embargo, el mismo Tiebout hace la distinción entre bienes públicos y bienes públicos locales, que serían aquellos que benefician solo a un área geográfica determinada, luego, hay una industria que provee bienes públicos locales que compite entre sí para prestar un mejor servicio. En este punto entra la idea si acaso el transporte ferroviario de pasajeros cabe en la categoría de bien público local, a mi juicio, no del todo, sin embargo genera externalidades positivas que si se pueden convertir en bienes públicos locales y por tanto de allí vendría el interés por invertir en transporte ferroviario. En otras palabras, no es un bien público el servicio de transporte de pasajero, bien lo podría prestar una empresa privada, pero sí es un bien público la poca contaminación, el cuidado del medio ambiente, la mejor calidad de los caminos, etc, luego, el transporte ferroviario genera beneficios estos sociales y allí surge el interés de las autoridades públicas por invertir en este sistema.

Sin embargo, hay que hacer una nueva salvedad sobre particularmente el transporte ferroviario de pasajeros: en gran medida los ferrocarriles en el mundo son medios económicamente deficitarios que requieren de la subvención del Estado para subsistir el cual se justifica en las externalidades positivas que se generan. ¿Dónde está la conveniencia que sea el Estado y no el privado el que se encargue de este medio de transporte socialmente beneficioso pero económica no rentable? El subsidio a un privado implica primero entregarle un determinado monto para cubrir el déficit operacional y sumado a eso un monto para que el operador tenga utilidad y se interese en operar el servicio. Un ejemplo, si el operador obtiene un total de ingresos de 200 millones de pesos y el costo total de operar el servicio es de 250 millones pesos, el Estado debe aportar con un subsidio mayor a 50 millones de pesos que es la diferencia, digamos, 70 millones de pesos para asegurarle al operador privado un utilidad de 20 millones de pesos. Esta realidad cambia en una empresa pública pues aun cuando la empresa pública –que debe operar todo lo eficientemente posible- no logra alcanzar un equilibrio operacional, el Estado le aporta esa diferencia. En mi ejemplo serían 50 millones de pesos y no 70 millones. ¿Cómo se justifica este subsidio? Diremos que hay externalidades positivas que el transporte ferroviario genera que no son internalizadas por la empresa. Desde el punto de vista económico se da una situación subóptima, pues hay personas que no están pagando por el servicio ferroviario y que sin embargo se están beneficiando de esas externalidades positivas: menos congestión en las carreteras, mejor calidad medioambiental, menos daños a los caminos.

En consecuencia, la idea de filiales resulta mucho más óptima –estamos viendo la prestación del servicio- pues permite focalizar los subsidios. Sin embargo, surge la cuestión sobre quién debe entregar ese subsidio, el gobierno central o los gobiernos regionales.

Ya mencioné la idea de Tiebout sobre los gobiernos locales como industrias de bienes públicos locales y desde esa perspectiva he definido por qué el servicio de transporte ferroviario debe ser considerado como tal. Es sencillo responder entonces que aquellos servicios que beneficien a la región sean subsidiados por los gobiernos regionales, de modo que sean los habitantes de la región quienes internalicen los beneficios –paguen los costos- de tener un transporte ferroviario. Entonces, el Biotren o el Corto del Laja podrían ser operados por FESUB y ser el gobierno regional del Bio Bio quien subsidie a la empresa pues es la región del Bio Bio la que mayormente se beneficia con este servicio. ¿Y qué pasa entonces con servicios que atienden más de una región, como el Terrasur o Metrotren? Se podría decir que en ese sentido los gobiernos regionales de aquellas regiones por donde pasa el tren se encarguen de subsidiar, es decir, que se repartan de igual forma el costo. Sin embargo, estoy seguro que sería un poco más complejo que una simple división, pero se entiende hacia donde va encaminada la idea: que cada jurisdicción sea capaz de internalizar los beneficios –pagar los costos- de tener servicios de pasajeros.

En este punto entra otro importante supuesto teórico que tiene que ver con el accountability de los gobiernos locales. El modelo de Tiebout supone que existe perfecta movilidad de las personas entre jurisdicciones y a eso se le puede añadir el modelo de “voto con el pie” de Hirschmann (1970) donde las personas pueden premiar a sus autoridades en la medida que hagan un buen trabajo de gestión y castigarlas en caso que no lo hagan, todo esto en términos electorales. Ahora bien, bajo el supuesto que los intendentes sean democráticamente elegidos, se creará el incentivo para que mejoren la gestión pues, bajo los dos supuestos teóricos antedichos: 1) los electores podrían moverse a otra jurisdicción con mejor calidad de vida restando votos a su jurisdicción; 2) los electores podrían votar en contra del Intendente, sacándolo de su cargo pues “es un proveedor ineficiente y el costo de transacción por pasar de un proveedor bueno a un malo es igual a cero” (Letelier, 2007). ¿Qué tiene que ver esto con la idea central de este documento? El ferrocarril entrega una serie de beneficios a la comunidad: mejor calidad del medio ambiente, menor congestión en las carreteras y caminos; mayor eficiencia pues un tren equivale a varios buses, ahorro en términos energéticos; lo anterior puede redundar en mejoras a la calidad de vida, a la salud de las personas, etc. Luego ¿Qué incentivo hay para que sea el gobierno local el que subsidie y, desde la economía política, sea el Intendente quien se mueva a hacer esto? La idea entonces de aprovechar en su región los beneficios del tren, beneficiando a su población y obteniendo más votos. En Chile, claro está, este supuesto se cae pues los intendentes no son elegidos de forma popular y hacer este tipo de evaluaciones para el elector respecto al gobierno central es mucho más complejo, pues el gobierno central realiza muchas más tareas y sopesar cuál es más importante no es tan sencillo como ver que las personas pasan más tiempo en casa pues llegan antes gracias a un servicio de cercanías efectivo subsidiado por el gobierno local.

Hemos resuelto el tema del transporte de pasajeros, pero ahora entre un nuevo elemento a la discusión: los trenes de carga. Las empresas de carga pueden eventualmente operar en toda la red y los beneficios que un tren de carga genera son incluso mayores a los de un tren de pasajeros: menos camiones en las carreteras implica un daño menor a éstas –tomando en cuenta además el subsidio implícito a los camiones pues el daño que producen no se compensa con el peaje que pagan, costo que debe terminar asumiendo el Estado o los concesionarios-, menos contaminación y el transporte más seguro de algunos productos peligrosos, como ácido sulfúrico, combustibles o gas. Estas externalidades positivas no son internalizadas por los porteadores de carga, es decir, no obtienen el beneficio marginal asociado a ellas pues las personas beneficiadas no pagan por lo que obtienen. ¿De qué manera logramos que esto resulte eficiente? Resultaría favorable entregar beneficios tributarios a las empresas porteadoras de carga o que hacen uso del ferrocarril para transportar sus mercancías, permitiendo que exista un incentivo para que los porteadores tengan más clientes, se aumentan el beneficio social y mediante franquicias tributarias se le permita a quienes transportan carga reducir sus costos. Vale mencionar que los camioneros tienen una franquicia tributaria. Dichos beneficios tributarios serían entregados por el gobierno central, pues resulta complejo medir a que jurisdicción beneficia más el transporte, por ejemplo, de ácido entre Los Lirios y San Antonio por vía ferroviaria.

Finalmente, es necesario hablar sobre el mantenimiento de la infraestructura. Ya quedo resuelto el tema de la operación y subsidio de trenes de pasajeros y la idea de descentralizar el financiamiento de su operación, entregando a los gobiernos regionales la tarea de internalizar el costo de mantener sistemas ferroviarios, también he hablado sobre la idea de hacer que las empresas privadas de carga internalicen el beneficio que generan mediante franquicias tributarias, pero queda la idea de las vías, estaciones, obras de arte y señalización. No cabe duda que las empresas operadoras de carga y de pasajeros deberían pagar un canon o peaje por el uso de la vía y que eso debería ir a una administración centralizada, la cual podría ser la misma EFE. Nuevamente hay que ir a la idea de Tiebout de gobiernos locales como mercado privado de bienes. Si son los gobiernos locales quienes financian de manera descentralizada el mantenimiento de la vía, se pueden producir, por un lado, inequidades horizontales entre gobiernos locales: puede que uno invierta mucho en vías y otros no invierta nada, luego, los servicios de carga se verían perjudicados pues hay trenes cargueros que recorren más de una región. Surge también la idea de externalidades entre jurisdicciones. Un gobierno local puede invertir en vías para permitir el paso de sus trenes de pasajeros, sin embargo, por esas mismas vías circularán trenes de carga que puede que solo estén de paso por la región, se convertirán entonces en free riders, es decir, obtendrán un beneficio sin haber asumido el costo de éste. De este modo, será el gobierno central, a través de EFE o de otra agencia encargada, quien reciba los pagos por concepto de uso de vías y los distribuya en mantenimiento de las vías existentes. El costo de construir nuevas vías también debería asumirlo el Estado por la misma razón antedicha o, como sucede ahora, ser financiado en parte por las empresas privadas que se beneficien de nuevos accesos ferroviarios a sus plantas cuando se trate de desvíos exclusivos.

En síntesis, se descentraliza la operación de servicios permitiendo que los gobiernos regionales puedan hacerse parte del financiamiento de servicios socialmente beneficiosos o con externalidades positivas, de modo tal que sean las regiones quienes asuman el costo de tener servicios ferroviarios que entregan beneficios a las regiones. Y la administración y mantenimiento de la vía se deja en un organismo centralizado de modo que se reduzcan las externalidades entre gobiernos regionales y las inequidades que se puedan producir entre éstos, pudiendo obtener niveles socialmente óptimos. Se incentiva además el transporte de carga, permitiendo que las empresas internalicen el beneficio que generan a través de franquicias tributarias.

Un tema diferente que no viene al caso analizar en este trabajo es la gestión que realicen las empresas operadoras, las que deberían prestar eficientes y efectivos servicios, satisfaciendo las necesidades de sus usuarios pero además beneficiando a la sociedad en su conjunto, ya sea a nivel local o nacional.

Referencias:

· Hirschman, A. O. Exit, Voice, and Royalty. Harvard University Press, Cambridge. 1970.

· Letelier, L. Teoría de la descentralización fiscal. INAP – Universidad de Chile. 2007.

· Tiebout, C.M. A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, Vol. 64, October, p.p. 416-24. 1956.

EFE, un nuevo signo del subdesarrollo chileno

Author Pablo Alberto Valenzuela Category , , , ,

No soy de los que cree que el mentado desarrollo del país llega solo con el aumento del ingreso per capita, creo que el desarrollo va más allá y pasa por vivir en un estado que lo busque, que lo desee y que conspire en su favor. Creer en el desarrollo y vivir una "mentalidad de desarrollo" es lo que, en definitiva, nos llevará a obtenerlo. 

Sin embargo, lo que pasa hoy con EFE es un símbolo inequívoco de lo tercermundista que aún es Chile, que son sus políticos y algunas personas que se hacen llamar investigadores; sí... pues piensan en lo inmediato pero en muchos no se ve ni un ápice de pensamiento en el largo plazo, en el verdadero desarrollo de Chile. 

Muchos dirán que Transantiago es ejemplo de una política pública mal implementada y es cierto, pero un ejemplo aún más doloroso -pues hizo pedazos la empresa pública más antigua e importante que ha tenido Chile- es el plan trienal 2003-2005 de EFE. Miles de millones de dólares invertidos sin ningún tipo de sustento, con una empresa sin capacidad operativa; trenes por trenes sin ningún objetivo claro. 

Hoy EFE no se ha podido recuperar y pareciera que no quisiera hacerlo, en estos años ha seguido cavando lentamente su propia tumba y siendo el blanco de aquellos que piensan que las carreteras son la panacea y la salvación. Gente que, al parecer, poco conocimiento tiene de la situación de países como España, Francia, Inglaterra o Alemania. Donde los trenes mueven al país, pero no solo porque se vean lindos. Trenes que mueven países porque es un medio de transporte rápido, seguro, capaz de usar armónicamente los recursos del medio ambiente sin destruirlo ni herirlo. En definitiva, un medio de transporte sustentable. 



La opción de la derecha chilena siempre ha sido terminar con EFE o, usando un eufemismo, privatizar la empresa... una empresa en la que nadie se interesará por ser económicamente inviable y, por ende, terminar con ella y con más de 120 años de historia. Es cosa de escuchar al Sr. Ian Thomson hablar sobre los servicios a Temuco y a Chillán. 
Los subsidios son una opción, pero en el largo plazo para darle viabilidad a un empresa que debería ser estratégica para el Estado en un proceso de desarrollo. Una empresa que realmente conecte y entregue los beneficios que una entidad pública debe entregar, no lo exijan utilidades, hacerlo es un signo más de ignorancia, pero sí es necesario aprovechar las externalidades positivas que deja el tren, miren a Renfe... ¿no les gusta tanto copiarle cosas? ¿Por qué no le han copiado sus planes de desarrollo?



Muchos rasgaran vestiduras, como Monckeberg, sobre el fin de la empresa. Muy pocos pensaran que es necesario una reforma administrativa y de gestión importante al interior de EFE, permitiendo que pueda gestionar recursos. Durante ese proceso de reforma, como el que ahora está viviendo EFE con la creación de filiales (cuya efectividad también es muy discutible) no se le pueden exigir resultados inmediatos, sino una vez que esto esté completamente en marcha. 
Reducir servicios tampoco ayuda, pues solo rompe la dependencia que se tiene con ellos. Terminar, opr ejemplo, con el metrotren a San Fernando solo hará pensar, a muchos, que en realidad es un servicio que a nadie le importa ni a nadie le sirve. 



Lo que dice esta señora de Libertad y Desarrollo (donde afortunadamente he entrado solo una vez) no merece mayor comentario. Le recomendaría que revisara todas las ventajas del ferrocarril, no solo de pasajeros en términos de reducción de buses en las carreteras y el daño vial que eso produce, sino en trenes de carga capaces de transportar de forma mucho más segura materiales peligrosos, como el ácido del teniente. ¿Se imagina cuántos camiones deberían entrar a Valparaíso o San Antonio si se termina con el transporte de carga? ¿Se imagina el costo a largo plazo de reparar el daño en las espectaculares carreteras que hoy tenemos? ¿se imagina el enorme e irreparable daño medioambiental que se produce? Al parecer no sabe nada al respecto, y claro... creo que una vez ella misma propuso la operación de trenes mixtos. 



El hecho de tener o no abierta la empresa no debería ser, por ningún motivo, algo a evaluar. La empresa debe continuar abierta por razones de país y de beneficio social. Es como pensar en la privatización de Metro S.A dado los buenos resultados que puede obtener. La pregunta debe ser en qué condiciones queremos tener EFE, bajo qué régimen de financiamiento y, yendo más allá, para qué queremos trenes en Chile, haciendo hincapié en la importancia y beneficios del transporte ferroviario. 

Si en otros países el ferrocarril es articulador del transporte ¿por qué acá en Chile no?. 
Y apropósito de la posible entrada de Chile en la OCDE, resulta increíble que en los países de la organización se inviertan millones de euros en transporte ferroviario y, acá en Chile, se esté "evaluando" termina con los ferrocarriles. Es lamentable. 

Solo espero que en algunos años más, cuando pase frente a cualquier estación, no vea un terreno vacío o un edificio cerrado y derruido por el tiempo. Creo que cuando eso suceda botaré varias lágrimas y pensaré en irme de un país que no es capaz de pensar su desarrollo más allá del periodo presidencial.

EFE, la ambición de un presidente

Author Pablo Alberto Valenzuela Category , ,

EFE nace el 4 enero de 1884, es la empresa más antigua del Estado y vino a unificar las administraciones descentralizadas que explotaban y construían los ferrocarriles en Chile a fines del siglo XIX. El mayor esplendor ferroviario se vive a parte de 1913, cuando era posible tomar un tren en Iquique y luego de un par de transbordos llegar hasta Puerto Montt. 

Paralelamente crecieron los ramales que cruzaban la línea troncal desde la cordillera al mar. Para los años 50 era posible llegar a cualquier parte de nuestro país a bordo de un tren. Hoy, en tanto, pareciera que hemos olvidado, por una parte, que a este país lo movieron los trenes y, por otro lado, el enorme potencial estratégico, medioambiental y económico del modo ferroviario. Resulta tragicómico ver como poco a poco el servicio de pasajeros al sur ha ido en declive: Puerto Montt, Puerto Varas, Temuco, Concepción, Chillán; y hoy solo llega hasta Talca, 249 kms. al sur de Santiago. Obviamente, lo anterior es una exageración del escenario actual, entendiendo que la suspensión del servicio a Chillán es temporal. 

Si analizamos la historia de la concertación en relación al desarrollo ferroviario durante los años 90 y el inicio del nuevo siglo hallaremos una dualidad digna del jing y el jang. A principios de los 90 la concertación recibía una empresa decaída, con un marco institucional que no iba acorde con el funcionamiento que el nuevo gobierno pretendía darle a la estatal.  En el mensaje presidencia de 1991, el presidente Aylwin le da un rol estratégico a EFE para el desarrollo del país y el objetivo del nuevo gobierno democrático sería enfrentar de manera inmediata la solución a las problemas más apremiantes que entraban y determinan progresivamente la operación de la empresa, y al mismo tiempo sentar las bases para su desarrollo financiero sano, económica y socialmente rentable”[1] 

El proyecto de ley que envía el gobierno al congreso el  6 de junio de 1991 resulta, a mi juicio, innovador y acorde a la realidad que la estatal vivía a principios de los 90: Una nueva empresa, sucesora de EFE, sería la propietaria de la infraestructura y debería llevar en contabilidades separadas la administración de las vías y el transporte de pasajeros. El patrimonio de esta nueva entidad sería estatal y no enajenable, salvo aquellos activos que se considerasen prescindibles, los cuales pasarían a una entidad fiscal encargada de su administración o venta o, si EFE lo deseaba, podía conformar sociedades encargadas de la explotación de los activos prescindibles de la empresa. 

La carga estaría a cargo de una o más empresas mixtas, con un 49% en propiedad de EFE, otro 49% en propiedad del sector privado y un 2% en manos del banco mundial. Dicha empresa podría concesionar o arrendar aquella parte de la red de EFE que quedara exclusivamente para el uso de la carga. 

Interesante resulta la creación de una nueva empresa encargada del transporte suburbano de pasajeros en Santiago, Valparaíso y Concepción, con la participación de EFE y Metro S.A, incentivando además la participación de otros organismos estatales o municipales. 

Además se contemplaba una serie de reformas estructurales en la administración de la empresa, la deuda de arrastre y la reducción de personal. 

La tramitación del proyecto no estuvo exenta de dificultades y el resultado fue una ley completamente diferente al proyecto enviado por el gobierno. Las críticas al proyecto original vinieron dadas pues se privatizaba el sector más rentable del transporte de carga y se apuntaba a la eventual privatización de toda la empresa, pese a que el gobierno apuntaba a precisar su relación de “asociación” con el sector privado –cosa que ha vuelto a salir a la luz varías veces- aduciendo que le era imposible asumir la deuda de arrastre y la revitalización de EFE. 

En cuanto a la privatización, me permito hacer una pequeña digresión. La privatización de EFE ha sido un tema latente desde el gobierno militar y en algunos momentos ha tomado más fuerza. Sin embargo, el “tema de la privatización” no deja de tener un tinte ideológico más que técnico. Si nos avocamos a pensar EFE como una empresa estratégica para el Estado, que asegure conectividad y movilización, la respuesta es clara, EFE no debería privatizarse pues representa un brazo importante mediante el cual el Estado participa en la economía. Pero a la hora de buscar la solución rápida la privatización resulta atractiva, pues la participación de privados puede significar “salvar” los ferrocarriles matando a la primera empresa del Estado ¿Y cuando los ferrocarriles se hayan salvado se volverán a estatizar? En la situación actual es un rol del Estado la elaboración de un plan que apunte al mejoramiento de la gestión de la empresa, incluyendo a privados en su ejecución pero siempre con el Estado como mayor propietario. 

El texto finalmente aprobado mantiene el espíritu original del proyecto, pese a que cambia bastante el texto, aún se le permite a EFE la creación de sociedades y la licitación de servicios a privados, omitiendo el límite de 49% de propiedad privada del transporte de carga. 

Pese a los beneficios que generaba para EFE el transporte de carga, éste se privatizó en 1994, cuando EFE vendió el 51% de la propiedad de FEPASA[2]. Lo anterior dejó a EFE sin su primera fuente de ingresos: el transporte de carga. EFE mantuvo aproximadamente el 19,8% de la propiedad de FEPASA hasta el 2007, cuando terminó de venderlo. El mejoramiento del transporte de carga es un camino para aumentar los ingresos de EFE, mejorando las prestaciones a los operadores privados, con lo cual aumentarían los cánones que EFE recibe por tal concepto. La creación de una filial de cargas también es una alternativa, pero es un escenario mucho más complejo, EFE sería competencia de FEPASA y Transap y, a la vez, estas mismas empresas serían sus clientes. 

Con todo, los 90 vieron un aumento sostenido del uso del modo ferroviario tanto en pasajeros como en carga. La creación de Metrotren en 1991, la utilización del corredor Limache-Puerto por parte de Merval, y las inversiones en material e infraestructura que se realizaron en el trienal 1997-99 y 2000-02 hicieron que tanto el transporte de pasajeros como el transporte de carga se vieran fuertemente beneficiados: entre 1997 y 2001 hubo un aumento de un 94,6% en el transporte de pasajeros y un 47% más de carga[3]. En el mismo periodo la demanda de buses interurbanos cayó un 12%[4] El 2003 se inauguró el nuevo servicio a Temuco y el tiempo de viaje a Chillán se redujo a 4:15. El proyecto IV etapa y el Biotren también vieron su nacimiento en este periodo. 

La utilidad antes de depreciación fue en el 2001 fue de 54 millones de pesos, cuando se avanzaba gradualmente, como dijera Nicolás Flaño “kilómetro a kilómetros”. 

Lo que se logró durante los 90 fue consolidar el transporte ferroviario, pese a los errores que a juicio de algunos se hayan podido cometer en el proceso, el nuevo siglo veía a una nueva empresa de ferrocarriles, que distaba mucho de aquella que la dictadura le legó a la democracia en 1990.

El trienal 2003-05 ¿La ambición de un presidente? 

Hoy, sin embargo, pareciera que hemos vuelto a foja cero. La empresa mantiene una exorbitante deuda y, pese a los 1100 millones de dólares invertidos durante el trienal 2003-05 las cosas parecieran haber empeorado. 

Por un lado, cabe preguntarse: ¿Tenía EFE la capacidad para gestionar esa enorme cantidad de dinero? El trienal 2000-02 contempló solo 110 millones de dólares y si bien se realizaron mejores en la gestión, todo parece indicar que éstas no fueron suficientes para llevar a cabo inversiones de la magnitud que el gobierno de Lagos dispuso. EFE no tenía la capacidad logística ni de gestión para hacer tales inversiones, se intentó hacer correr a un paciente que venía saliendo de un largo estado de coma. ¿El resultado? El paciente ha vuelto a estar en coma y hoy es necesario un plan aun más profundo y gradual a la vez que ambicioso, con el compromiso del Estado, para evitar que la empresa pública más antigua vea su fin. 

Sí, la ambición de un presidente es uno de los factores que han hecho que hoy EFE esté al borde del abismo. La idea de Lagos de rehabilitar el ferrocarril durante su gobierno pudo haber sentado las bases para un largo proyecto de desarrollo estratégico que contemplara inversiones anuales de un orden menor con una revisión periódica del cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Por otro lado, los tremendos cuestionamientos que existen a los procesos de licitación dentro de la empresa durante la presidencia de Luis Ajenjo vienen dado precisamente por la ausencia de una estrategia y de la generación de una estructura adecuada para su consecución. Los robos y fraudes durante este periodo son también consecuencia de la carencia de instancias de control interno y externo que aseguraran la ejecución transparente de los proyectos. 

Pienso que el trienal anterior estuvo falto de objetivos estratégicos claros, se rehabilitaron servicios pero tras de eso no hubo una construcción de metas claras con las inversiones. Metas claras, alcanzables y, más aún, controlables. Se hicieron servicios, pero más con un objetivo político (regional Victoria-Puerto Montt) más que por dar respuesta a requerimientos esenciales de la población. 

Hoy EFE lucha por volver a renacer de las ruinas económicas en las que el fallido trienal pasado la dejó. Busca generar un modelo de negocio más moderno y autónomo, pero los coletazos de los 1100 millones de dólares mal invertidos siguen siendo notorios y las actuales autoridades de la empresa deben lidiar con ese problema. 

La suspensión del servicio a Chillán no es el fin de los servicios de pasajeros al sur, pero es una luz de alerta muy fuerte sobre la forma en cómo se han venido haciendo las cosas y la necesidad imperiosa de un cambio. Pero como todas las cosas, no podemos olvidar lo que ha pasado y es de esperar que antes de una inversión de magnitud considerable haya en EFE un saneamiento profundo y una potente reestructuración que la dote de la capacidad necesaria para hacer frente a inyecciones de fondos por parte del Estado para el desarrollo del modo ferroviario. 

Por último, hay que recordar la enorme deuda que EFE mantiene y la necesidad de generar un plan de pagos que no interfiera con el funcionamiento de los servicios ferroviarios y donde el Estado también tenga injerencia, pues es necesario un compromiso estatal con su empresa más antigua para asegurar que ésta podrá salir de la crisis en la que está sumida. Sin eso, poco será lo que se podrá avanzar. 

En conclusión, hoy es necesario construir sobre las ruinas de nuestro pasado. Pensar en trenes a Puerto Montt o Valparaíso es posible, pero en muchos años más, cuando EFE o alguna entidad de la suceda, sea capaz de generar proyectos que respondan a las verdaderas y esenciales necesidades del país. Cuando el Estado, a su vez, utilice a EFE de forma estratégica como un participante activo en la conectividad del país y en el transporte de pasajeros.



[1]  FFCC del E. Un caso de privatización en democracia. Apolonia Ramirez. P.129

[3] Luces y sombras de una gestión pública. Nicolás Flaño, CIEPLAN. P.1

[4] Anuario estadístico de transporte 2001. INE. P.14 y P.24

Economía, sustentabilidad y sueños

Author Pablo Alberto Valenzuela Category ,

Hola a todos

Siempre que doy mi opinión con respecto a la administración y explotació de los trenes se me ha tratado "como alguien que tiene una mentalidad de economista" pues es cierto que destaco bastante el tema de la rentabilidad en los servicios, no obstante, siempre hago el alcance entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social, está última prioritaria en el caso de EFE en particular por el hecho de ser una empresa pública. Pero ojo, prioritaria, que no es lo mismo que exclusiva o excluyente.

Ahora bien, para intentar sacarme ese cartel de economista, oal menos suavizarlo, pues no soy economista ni estudio economía, me gustaría abordar el tema de los servicios ferroviarios desde otro punto de vista: la sustentabilidad que pueden tener. Con esto también estaré incluyendo a servicios turísticos o de carga y no solo a aquellos servicios "comerciales" de EFE.

En primer lugar, sí, soy aficionado y es cierto que me gustaría ver trenes para todas partes, servicios turísticos, de pasajeros, de carga; llenos de personas viajando felices y llegando puntualmente a sus destinos. Es el sueño que cualquier aficionado a este noble medio de transporte tiene. Sin embargo, hay una frase del gran sociologo alemán, Max Weber, que puede servir mucho para hacer un análisis un poco más frío de la situación: Podemos soñar, pero no perdamos de vista nunca la realidad factual. Y claro, es un hecho que la realidad actual y el contexto en el que EFE y los trenes en Chile se encuentran insertos dificulta mucho el camino para que los ferrocarriles retomen el esplendor de antaño.

En segundo lugar, es necesario hacer el alcance sobre la rentabilidad social, pues existe una confusión que se ha producido debido a las, a mi juicio mal llamadas, políticas sociales, que son aquellas orientadas a los sectores de la población con menores ingresos. Pero en el caso de "rentabilidad social" me refiero a aquellas políticas que benefician a la sociedad y que si bien tienen un retorno económico inferior o incluso no lo tienen, los beneficios que pueden generar a la sociedad en su conjunto justifican la realización de las inversiones por parte del Estado. Esto hace la gran diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, por cuanto en las empresas que no son del Estado siempre deberá primar el beneficio económico para justificar la inversión, en cambio las empresas estatales deberán también tomar en cuenta el beneficio que le generan a la sociedad, siguiendo una de los objetivos del Estado consagrados en la Constitución Política: el bien común.

Ahora bien, sustentabilidad lo podemos entender, en este caso en específico, como la capacidad que tienen los servicios para mantenerse a lo largo del tiempo, tomando en cuenta que son operados por una empresa pública, los criterios para evaluar la sustentabilidad de estos son su rentabilidad social, económica y el impacto social que pueden tener. Es decir, englobamos los tres conceptos que he mencionado en la parte de arriba en un solo. No obstante, creo que es posible evaluar separadamente cada concepto, veamos.

Por un lado, un servicio será sustentable cuando la cantidad de pasajeros que lo utilicen se mantenga a lo largo del tiempo o aumente. Un ejemplo claro de esto es el servicio Victoria-Puerto Montt, no fue sustentable por cuando la cantidad de pasajeros fue sumamente alta durante el verano pero bajó drásticamente al llega el mes de marzo. No obstante, se descubrió un servicio que sí es sustentable: Victoria-Temuco, donde la cantidad de pasajeros ha sido constante y el servicio se ha podido mantener. En este punto creo que no importa que tantos réditos económicos puede entregar el servicio, ya que estamos hablando de una empresa pública que debe necesariamente tomar en cuenta el bien de la sociedad y el impacto positivo que genera en ésta. También hay que tener en claro que para evaluar los servicios son necesarias varas diferentes, por cuando la realidad en la que circula el buscarril es diferente a la realidad de metrotren. Así tenemos que el metrotren es socialmente rentable porque si no existiera se deberían inyectar 7.4 buses por cada UT lleno que sale de Alameda, como son 27 servicios diarios por sentido, estamos hablando de casi 400 buses menos circulando por las carreteras, eso denota el enorme beneficio social que Metrotren genera: menos contaminación, menos congestión y menos desgaste en las carreteras. Luego, las inversiones en metrotren, mirándolas con este prisma, son altamente justificables aún cuando el servicio no entregue utilidad neta.
Por su parte, podemos decir que el buscarril Talca-Constitución es socialmente muy rentable, por cuando de no existir muchas personas quedarían aisladas y sin acceso a Constitución o a la capital regional, por tanto, también es justificable una inversión ya que produce un alto impacto social positivo.

Ahora, si lo veo desde el lado negativo, podría decir que el servicio a Temuco no es sustentable a lo largo del año (lo cual no significa que durante el verano no lo sea) por cuando la cantidad de pasajeros que lo usa es apenas una mínima parte de los que viajan en bus y si el tren no existiera los buses podrían perfectamente absorber la demanda del tren. Luego, el impacto social que generan es mínimo. A diferencia de los otros dos servicios que mencioné.

Ahora, puede que un servicio no viaje siempre lleno o que de no existir no pase nada y los otros medios de transporte absorban correctamente la demanda, que es lo que creo sucede con el Tren a Chillán, no obstante, el servicio a Chillán es una alternativa para llegar a la ciudad de O'higgins más cómoda y rápida que el bus, donde intervienen otras variables a la hora de hacer la elección para usarlo. No es único como el buscarril ni tampoco su ausencia generaría un colapso en las carreteras con cientos de buses o autos adicionales, no obstante, su operación no genera altas pérdidas y si se gestiona de mejor forma puede alcanzar equilibrio operacional. Por tanto, es un servicio sustanble por no es una debacle económica, pese a que el impacto social que genera no es tan elevado.

En suma, no todo ha de ser evaluado desde la perspectiva económica, por cuanto los trenes no son rentables, lo que se debe priorizar es el impacto social positivo que generan los servicios y no necesariamente la cantidad de utilidades que pueden reportar, aunque si el impacto social y la rentabilidad económica son negativos, no hay nada que hacer, se pierde mucha plata y el impacto social no justifica esa pérdida.

En conclusión, un servicio puede ser rentable social o económicamente, pero lo más importante es que sea sustentable a lo largo del tiempo, que la gente lo siga usando, que los costos de operación se mantengan bajos. Puedo querer ver trenes en todas partes y surcando toda la geografía chilena, pero es un hecho que los ferrocarriles no funcionan con agua ni con aire y si no hay plata para moverlos dificilmente podremos mantener un servicio y tampoco podremos justificar su mantención aún en un escenario económico adverso si los coches van vacíos.

Saludos a todos

Pablo Valenzuela

El nuevo marco institucional - EFE y la política económica del régimen militar

Author Pablo Alberto Valenzuela Category

Hoy recordé que el artículo que subo mensualmente aun no era publicado, asi que acá dejo parte de una investigación que estoy realizando junto a otros compañeros de Universidad sobre la empresa de Ferrocarriles del Estado.
En muchas partes he leido que la crisis de EFE es culpa de los gobierno de la concertación, no deja de tener razón, sin embargo la verdadera crisis de EFE hace su aparición con la llegada de las políticas macroeconómicas del gobierno militar, las que respondieron a un modelo neoliberal donde el Estado actúa solo como regulador y controlador de las imperfecciones del mercado, pero que no es un actor principal en él. Es decir, el Estado se deshace de empresas pública e inversiones y quita toda regulación, pues el regulador sería "el mercado" ¿Cómo afectó esto a la empresa de ferrocarriles? ¿Qué tanto han cambiado las cosas?. Los invito a leer las siguientes líneas y, para el ignorante que alguna vez dijo que este blog era "de opinología" bueno, que se dé el tiempo de leer las citas bibliográficas que realizo.

El nuevo marco institucional 1973-1979

El 12 de septiembre de 1973 todos los funcionarios de la administración pública fueron declarados en calidad de interinos1 y se facultaba al gobierno para terminar de forma discrecional con los contratos del personal de planta y a contrata2

La empresa de los ferrocarriles del Estado recibió las nuevas disposiciones en el DL Nº64 del 1 de octubre de 1973, éste “declaraba a la empresa en «reorganización» y a todos los funcionarios en calidad de interinos hasta su confirmación en el cargo”3. Del mismo modo, el decreto ley 64 entregaba la administración de la empresa a un director designado por la junta de gobierno y dejaba sin efecto al DFL-94 de 1960 que constituía la ley orgánica de administración de la empresa. Esto se tradujo en la reducción de la capacidad operativa y del patrimonio de la empresa. Es decir, cambiar el marco institucional de la organización trajo consigo nefastas consecuencias a su desempeño económico.

En septiembre de 1977 el gobierno del General Pinochet dio a conocer el primer documento, llamado “estrategia nacional de desarrollo económico y social”, que contenía políticas de largo plazo para el país. Dicho proyecto fue aprobado por la junta de gobierno el 20 de septiembre de 1977 en el D.L. 971.

En materias de transportes, el plan establece los objetivos económicos y sociales del sector: Apoyar el desarrollo económico y social del país; dotar de eficiencia al rubro, estructurando la oferta en función de la demanda para lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos comprometidos4.

Así también fija la presencia del Estado en el sector: Por un lado la autoridad encargada de determinar las necesidades de infraestructura sería el MTT y, por otra parte, el Estado actuaría como empresario solamente en caso de excepción, por tanto, se reservaría la propiedad y conducción de una empresa ferroviaria, una empresa aérea, una empresa naviera, una empresa portuaria y una de ferrocarril metropolitano. Dichas empresas deberán adoptar el estatus jurídico de sociedades anónimas, orientarán su desarrollo en función del buen manejo financiero, debiendo solventar, además de os gastos corrientes, aquellos inherentes a la mantención y reposición de sus activos, así como también de las inversiones que su desarrollo exija. La administración de esas empresas será independiente de la autoridad normativa y deberá ajustarse a la política general de administración de las empresas públicas5.

El plan también contempla los entes reguladores del sector de transporte, establece claramente que el mercado será el encargado y que, por tal motivo, se eliminarán todas las trabas a la libre competencia; asimismo, los precios serán regulados a través de una operación de libre mercado y el estado intervendrá en su regulación solamente cuando razones sociales lo ameriten6.

Un punto relevante para la empresa de ferrocarriles es aquel que dice que “el Estado velará para que no existan situaciones preferenciales dentro de la actividad del transporte que beneficien solo a algunos operadores y vayan en desmedro de otros, por esto, se eliminará todo trato especial en adquisición de equipos e inversión”7. Lo anterior, dejo abierta la puerta para que el aporte estatal que EFE recibía se redujera completamente en el año 19798.

En el siguiente cuadro es posible apreciar la disminución en los aportes fiscales a la empresa, los cuales terminaron definitivamente en enero de 1979:


La supresión del aporte fiscal de la empresa se enmarcó en torno a una política de racionalización y, al mismo tiempo, quitarle las ventajas que tenían frente a los otros modos de transporte terrestre al recibir aportes directos del Estado. Esto se convertirá, a la larga, en la base de la deuda actual de la empresa9.

Volviendo al plan de desarrollo, éste establecía las políticas específicas para la empresa de Ferrocarriles del Estado.

En primer lugar, el servicio ferroviario se estructurará en base a la empresa estatal y queda abierta la posibilidad que en determinadas rutas o regiones operen los particulares10.

El segundo punto estable que el sector ferroviario se desarrollará en base a prestar servicios de mediana distancia. En el caso de la carga, en la red sur será masiva y homogénea y en la complementación del servicio se observará el transporte de carga unitizada y de mineral de hierro en la red norte. Sobre los servicios de pasajeros, dice que éstos se centrarán en la red sur y se especializará en trenes de alta velocidad en distancias media y media larga. Asimismo, los servicios suburbanos de Concepción, Valparaíso y Santiago serán mejorados11.

En tercer lugar, deja claramente establecido que las políticas de desarrollo del sector se ajustarán a las políticas generales y que no existirá un plan de desarrollo preferencial para el transporte ferroviario. Además, la empresa determinará con entera libertad los servicios que operará12, salvo que razones sociales o de otra índole obliguen a la empresa a mantener un servicio deficitario, en ese caso la autoridad deberá incurrir en el financiamiento directo del servicio13.

Finalmente, el plan de desarrollo dispone que si el sector promueve inversiones de alta rentabilidad o de conveniencia nacional, el Estado podrá incurrir vía crédito, aporte de capital o aval. Previa evaluación de la inversión por parte de las autoridades correspondientes14.

Vale decir, que la empresa recibió un periodo “de gracia” para sanearse económicamente y permitir la implementación completa de las políticas económicas del régimen, ergo, EFE será una de las pocas empresas públicas que seguirá recibiendo subsidio por parte del Estado15, aunque, como se aprecia en el cuadro 1, este aporte se redujo considerablemente hasta finalmente desaparecer en 1979.

1. Decreto Ley Nº 6 de la junta de Gobierno.
2. Decreto Ley Nº 22 de la junta de Gobierno.
3. Ramírez Caballero, Apolonia. Empresa de los FFCC del Estado – Un caso de privatización en democracia. Editores Janequeo – julio 1993. P.56
4. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P.132. Sept. 1977.
5. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 133. Sept. 1977.
6. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 134. Sept. 1977.
7. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 134. Sept. 1977.
8. Según DFL-94 de 1960, el Estado cubriría el déficit de la empresa con un aporte anual contemplado en la ley de presupuesto o en leyes especiales.
9. Ramirez Caballero, Apolonia. Empresa de los FFCC del Estado – Un caso de privatización en democracia. Editores Janequeo – julio 1993. P.68
10. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 140. Sept. 1977.
11. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 140. Sept. 1977.
12. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 140. Sept. 1977.
13. Este punto es similar al artículo 35º de la actual ley de administración de la empresa. Dicho artículo establece que el gobierno no podrá obligar a la empresa a prestar servicio sin la debida compensación económica.
http://www.efe.cl/html/corporativo/ley4.php


14. ODEPLAN – Estrategia nacional de desarrollo económico y social. P. 140. Sept. 1977.


15. Ramirez Caballero, Apolonia. Empresa de los FFCC del Estado – Un caso de privatización en democracia. Editores Janequeo – julio 1993. P.58.

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